Cuando el país conozca los riesgos de la ley 30230, habrá grandes conflictos sociales
Entrevista a Pedro Castillo de CEPES por Carolina Calderón-Urquizo

La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, solicitamos en un pasado comunicado al gobierno de Ollanta Humala que garantice los derechos sobre la tierra de cerca de ocho mil comunidades campesinas y nativas del país.

Nuestra plataforma denuncia que el paquete vulnera el derecho a la propiedad de las tierras de las comunidades campesinas en todo el país, a través de la Ley 30230 (Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país).

En la siguiente entrevista, el especialista legal Pedro Castillo Castañeda, investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y representante de la Plataforma, cuestiona la mencionada ley.


¿Cuál ha sido la intención del Gobierno del presidente Humala al dictaminar este “paquete reactivador”? ¿Qué pretenden cambiar sobre el tema de los derechos a la propiedad de las tierras de comunidades campesinas y nativas?

Pedro Castillo: La Ley 30230 no menciona, específicamente, que se va a tratar de sanear tierras para entregarlas a proyectos de gran inversión. De forma confusa, la norma trata el tema de saneamiento a la propiedad de la tierra. Tanto así que se denominó a dicha medida como “Paquetazo Ambiental”, cuando debió denominarse “Paquetazo contra los derechos a la Tierra”. Digo esto porque es una norma que tiene 103 artículos, de los cuales, 31 están relacionados al saneamiento de propiedad. Si sumamos los artículos referidos al ordenamiento territorial —donde hay una relación directa con el saneamiento de la propiedad—, es una norma que trata sobre tierra y derechos en más de la mitad de los artículos. Entonces, no puede llamarse un “Paquetazo Ambiental”, sino “Paquetazo contra los derechos a la Tierra”; sobre todo de comunidades campesinas e indígenas.

Exactamente ¿cuántas comunidades campesinas y nativas serían afectadas con este paquetazo de medidas?

En todo el territorio nacional. La Ley da la facultad para que se aplique en tierras de costa, sierra y selva. En todo el territorio nacional tenemos comunidades campesinas o comunidades nativas, salvo en un departamento: Tumbes. Los demás, sí las poseen. Oficialmente, se han reconocido 6,669 comunidades campesinas y 1,469 comunidades nativas. Todas pueden ser afectadas por esta norma. Teniendo en cuenta que ambos grupos concentran casi el 30% de todo el territorio nacional —y si consideramos que también ocupan un 62% de la superficie agrícola—, podemos concluir que al aplicar esta norma, necesariamente se está afectando los derechos de las comunidades.

Vayamos específicamente a los puntos cuestionables. En el Título III de la Ley 30230 se señala que se realizarán procedimientos especiales de saneamiento físico y legal de predios, especialmente de las comunidades ¿Qué significa esto?

Es entregar titularidad de dominio. Es decir, entregar en propiedad una tierra, para que los empresarios mineros, de hidrocarburos, forestales, entre otros, puedan realizar sus diferentes actividades. En la costa, por ejemplo, son proyectos de ampliación de frontera agrícola, entre ellos Olmos. En los andes son las concesiones mineras; y en la selva, hidrocarburos, bosques y represas. Se van a afectar tierras en todo el territorio nacional, de cualquier comunidad campesina o nativa, e incluso de cualquier agricultor familiar, porque la norma no hace distinciones, simplemente saneará la tierra y la entregará a los empresarios./

¿Cuál es el principal riesgo al que se enfrentan las comunidades campesinas y nativas?

Que las tierras de estas comunidades no están georeferenciadas(1). Al no estarlo, no se pueden incluir en un catastro. Por ello, se debe tener el registro en un papel, pero también tener una base gráfica para colocarlo en un padrón. En este caso, la “Plataforma de Gobernanza Responsable de la tierra” ha sido muy clara en señalar que el 72.7% es decir, 5.873 comunidades campesinas y nativas, no tiene un catastro o no están georeferenciadas. Por lo tanto, esas tierras pueden ser entregadas a un particular, que en este caso es el inversionista de gran envergadura.

¿Qué entidad está encargada de la titulación y saneamiento de la propiedad de las comunidades?

Según la norma, los procedimientos especiales para promover el ordenamiento físico y legal de las tierras —para entregárselas a proyectos de inversión— van a estar a cargo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI.

¿Cuál es la principal amenaza de que COFOPRI sea el ente encargado de administrar el saneamiento de las tierras?

Lo que va hacer es delegar la tierra para ejecutar obras de gran envergadura. Es decir, el empresario de una concesión minera va a solicitar que saneen las tierras para que éstas pasen a su poder. Entonces, el Estado lo que está haciendo es entregar tierras.

¿Qué significa la frase: “independientemente del uso actual o futuro que se les dé a los predios” que está contenida en la Ley 30230?

Quiere decir que no importará que en el predio haya cultivos agrícolas o no; que no importará que existan personas viviendo ahí; o que sea una reserva natural; que no importará el uso que se le esté dando en ese momento. El argumento del Estado: "Tú empresario, ¿necesitas ese pedazo de tierra para realizar tus actividades? Perfecto, te las doy". Al Estado no le importa el uso que se esté dando en ese momento, ni mucho menos el que esté proyectado. El Estado hace eso bajo el argumento de querer "dinamizar la economía". Esto es mucho más que un "Paquetazo ambiental", es mucho más peligroso. Como lo dije en un artículo, esto es una "Aplanadora de derechos sobre la tierra".

En la actualidad, muchas comunidades campesinas y nativas no tienen cómo acreditar la propiedad de sus tierras. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las causas?

Porque las tierras de muchas comunidades campesinas y nativas no están georeferenciadas. Por eso, cuando se haga la entrega de los derechos sobre la tierra a grandes empresas, no se hallarán comunidades campesinas o indígenas, porque éstas no forman parte de un catastro. El Estado no ha logrado georeferenciar las tierras de las comunidades campesinas e indígenas. Desde 1992, el Estado ha tenido dinero para sanear las tierras, sin embargo, a la fecha no se concluye.

¿Cuál es la propuesta que tienen las organizaciones de la sociedad civil para modificar esta norma?

Actualmente, la propuesta que tenemos es dar a conocer el peligroso contenido de la norma. Pero, sobre todo, proponer que se cumplan las normas nacionales vigentes que señalan el respeto a los derechos colectivos sobre la tierra que tienen las comunidades. Lo que solicitamos es que se modifiquen todos los artículos —de este “paquetazo reactivador”— que atenten contra el derecho a la propiedad de las tierras de las comunidades indígenas y nativas.

(1) La georeferenciación es el procedimiento donde se realiza el posicionamiento y localización de un objeto espacial —representado mediante punto, vector, área, volumen— en un sistema de coordenadas.


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