Zulema Burmeo
Miembro del ILC

En un contexto como el peruano, en donde atravesamos una serie de complejos procesos relacionados con la competencia por la tierra y los recursos naturales, sobre áreas rurales con alta presencia de población campesina e indígena, la necesidad de adoptar un enfoque de gobernanza resulta fundamental. Ello implica centrar la atención en las instituciones a cargo de la tenencia y seguridad de la tierra, así como en las normas y procedimientos existentes en el país. Igualmente, demanda evaluar el modo en el que interactúan los distintos actores del territorio –autoridades regionales y locales, comunidades, empresas extractivas- y el modo en el que las relaciones de poder afectan los derechos sobre la tierra. Más aún, requiere observar la forma en la que los conflictos son prevenidos o atendidos, así como la medida en que se toman decisiones concertadas y apropiadas a las necesidades de los pobladores del campo, respetuosas de las costumbres y derechos colectivos de los pueblos indígenas.

En el Perú, existen más de 7,000 comunidades campesinas y nativas, y 1’754,415 pequeños productores agrícolas. Para ellos la tierra es la base de su subsistencia, y para una gran mayoría, también parte de su historia y de su identidad. Gracias a ellos, el resto de peruanos tenemos alimentos suficientes para la propia subsistencia pues nuestro abastecimiento interno se funda principalmente en la pequeña agricultura. Gracias a su actividad, se producen miles de empleos que alivian la situación de pobreza de un número importante de pobladores rurales del país. Ello, sin considerar, su aporte a la preservación del medio ambiente y la sustancial diferencia en la emisión de gases de efecto invernadero frente a las actividades de tipo extractivo con las que compiten por los recursos. De una buena gobernanza de la tierra, se esperan también menos conflictos en el campo y, en ese sentido, un impacto positivo sobre la paz social, los derechos humanos e, incluso, sobre la economía del país. La gobernanza de la tierra debe comprenderse más allá del recurso tierra, del campesinado y del sector rural, y debe permitirnos reflexionar sobre la calidad de la democracia en el país.

Para atender un tema de tal complejidad, se requiere la acción de actores diversos que puedan complementar capacidades, ejes de desarrollo y roles en la arena política, con posibilidad de diseñar y promover políticas y estrategias de largo plazo sobre la base de objetivos comunes y arreglos interinstitucionales mínimos. La Plataforma Gobernanza Colectiva de la Tierra del Perú se ha creado para avanzar en esa dirección. La prioridad de su trabajo se ha centrado teniendo en consideración la necesidad de fortalecer la institucionalidad pública vinculada a la tenencia de la tierra, la seguridad jurídica de las tierras y la seguridad alimentaria, con un foco especial en la población más vulnerable del sector rural: las mujeres y los pueblos indígenas. El desafío de la plataforma es lograr articular a una diversidad de actores, entre los cuales el Estado e incluso la empresa privada deberían jugar un rol.


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